domingo, 2 de febrero de 2014

ARTÍCULO DE LA ASAMBLEA FEMINISTA DE CÁDIZ SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO DE GALLARDÓN Y SOBRE LA PETICIÓN DE LA ASOCIACIÓN "ABORTO CERO" DE SAN FERNANDO DE RETIRAR EL PERMISO DE IDENTIDAD ISLEÑA A ALEX O'DOGHERTY





Ante la petición de la Asociación “Aborto Cero” de San Fernando de retirar el premio de identidad isleña al actor Alex O’Dogherty, las componentes de la  Asamblea Feminista de Cádiz queremos mostrar  nuestro total apoyo al actor y defender su libertad de expresión, al igual que aplaudimos su valentía a la hora de expresar que quien debe decidir sobre una cuestión tan importante como la reproducción debe ser la madre. El cómico Alex O’Dogherty  apareció en un programa televisivo cantando una canción en la que se metía en la piel de un feto y acababa afirmando que: “puestos a elegir, que elija la que va a parir”. La letra de la canción realizaba una crítica clara a la reforma de la ley del aborto del ministro de Justicia Gallardón. 

Como Asamblea Feminista de Cádiz siempre hemos proclamado que: “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, por lo que apoyamos con firmeza el contenido del  estribillo de esta canción y ensalzamos la valentía del actor al expresar su opinión sobre una cuestión de gran relevancia en la actualidad: el anteproyecto de la Ley del Aborto. Además, queremos declarar que se debe defender la libertad de expresión  al mismo tiempo que  la libertad de elección de la mujer, quien ha de ser libre para decidir qué hacer con su propio cuerpo y si seguir adelante con su embarazo. Ninguna ley debe limitar el derecho de decisión de la mujer, ni  mucho menos condicionarlo a dos supuestos –como así  ocurriría con la nueva Ley, en la que quedaría restringido a caso de violación y de peligro físico y psíquico para la madre- ni tampoco aumentar en número de ellos, como ocurre por ejemplo en Reino Unido, donde también se contemplan razones económicas o sociales. Nuestra opinión es clara en este sentido: no deben establecerse ni supuestos que determinen cuándo realizar un aborto, ni tampoco plazos. Las mujeres somos conscientes de que, cuanto más adelantando está el embarazo, más problemas supone realizar una interrupción del mismo, tanto para el feto como para nosotras mismas; no es necesario establecer doce semanas como plazo máximo, como así está establecido en la legislación vigente (Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (2/2010), ni veinticuatro, como ocurre en los Países Bajos.

La Asamblea Feminista,  junto con otras muchas organizaciones feministas a nivel estatal, pedimos tres cosas muy claras: EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LIBRE PARA NO MORIR. Por una parte, es necesaria una buena educación afectivo-sexual, integral y sin tabúes, para que las y los adolescentes conozcan su cuerpo, su sexualidad  y aprendan a disfrutar de su cuerpo, sin creer que todas las relaciones sexuales deben girar en torno al coito, ni centrar la atención en las relaciones heterosexuales. Siempre que existan buenas campañas informativas, acompañadas de un acceso fácil y gratuito a métodos anticonceptivos, podremos  evitar la mayor parte de los embarazos no deseados.  Pero además, ha de existir aborto libre y gratuito, realizado en la Seguridad Social, para preservar la salud de la mujer. Con la ley del aborto actual, en muchas comunidades autónomas no existe un protocolo de actuación, derivan muchos de las IVE a otras comunidades –con los perjuicios que supone este desplazamiento para la madre-, no existe una actuación clara por parte de los equipos médicos, y la mayoría de las IVE se acaban realizando en clínicas privadas. En el año 2009 el 97’7% de las IVE en España se realizaron en centros privados.  Por otro lado, en comunidades como Andalucía, las intervenciones no se hacen en hospitales públicos, sino que se derivan a una red de centros acreditados,  ACAI (Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo). Exigimos que se garantice una buena atención médica en la Seguridad Social pública, y que la mujer pueda interrumpir su embarazo a través de la Sanidad Pública; derivar los casos a las clínicas privadas es un ejemplo más de privatización de los servicios, y nosotras defendemos la Sanidad Pública.

Es evidente que ilegalizar el aborto no va a conseguir disminuir el número de intervenciones, quienes necesitan abortar lo van a seguir haciendo diga lo que diga el ministro de Justicia y las asociaciones “pro-vida”. Al contrario, la ilegalización conlleva un aumento del riesgo para las mujeres, quienes se verán abocadas a salir fuera de España, o bien a buscar soluciones alternativas: recurrir a pastillas abortivas por Internet, abortos sépticos e inducidos realizados de forma clandestina, o recurrir a informes médicos falsos para “colar” nuestra situación dentro de uno de los supuestos legales. Prueba de ello es Uruguay, país donde se realizó un cambio de legislación en diciembre de 2012 y el aborto pasó a ser un derecho, en 2013 se realizaron alrededor de 10 abortos por cada mil mujeres en edad reproductiva, frente a más de 40 por cada mil que se estima que hubo entre 1995 y 2002 cuando este estaba penalizado.
Por otro lado, es alarmante comparar España con el resto de países europeos y observar que con esta nueva Ley España quedará como uno de los países más conservadores; en la Unión Europea  solo cinco países poseen una legislación de supuestos, y solo en Malta e Irlanda la ley es más restrictiva (en Malta está penalizado en cualquiera de los casos, en Irlanda tan solo en el caso de peligro de muerte para la mujer). El resto de países se muestra mucho más tolerante, con una legislación de plazos que oscila entre los 90 días de Italia hasta los veinticuatro meses de los Países Bajos.  No podemos permitir que el peso de la Iglesia siga siendo determinante a la hora de tomar decisiones políticas en nuestro país.

Nos llama la atención la hipocresía de mucha gente que habla de los derechos del “no nacido” frente a los derechos de la mujer, especialmente en las circunstancias sociales que estamos viviendo, en las que están recortando en derechos y ayudas sociales. Solo la Ley de la Dependencia sufrió un 36% de recorte presupuestario el año pasado, ¿cómo es posible que ciertas personas defiendan los derechos del no nacido pero no muestren su indignación ante los recortes en sanidad y en educación, o ante el aumento de personas en el umbral de la pobreza? La provincia de Cádiz se sitúa a la cabeza de provincias con más paro (un 41%) donde uno de cada diez gaditanos están en situación de pobreza grave. En este contexto, creemos que es más necesario cuestionarse qué hacer para garantizar los derechos humanos a los ya nacidos, antes que entrar en discusiones sobre a partir de qué semana el “no nacido” debe ser considerado un ser humano y hay que velar por garantizar sus derechos. 


Pero incluso si esta situación no fuera así, si viviéramos en un contexto social en el que existiera la justicia social y una distribución de la riqueza que garantizase a todas las personas del planeta unas condiciones de vida digna, seguiríamos defendiendo la capacidad de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, y por supuesto, la de cualquier persona a expresar (bien a través de una canción, como ha hecho Alex O’Dogherty,  con una declaración, o a través de un graffitti) lo que piensa.

Enlace a la noticia en Diario de Cádiz.

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